CRIOLLIZANDO LA LEY 22; PARA EL DESARROLLO DE INMOBILIARIA

Recientemente se dio a conocer un estudio que destaca el impacto en sectores de nuestra economía de las leyes 20 y 22. Ante ello resulta de rigor reflexionar sobre la criollización de dichos estatutos, particularmente en el caso de los inversionistas extranjeros vis a vis el inversionista local. Es decir, la intención legislativa de la ley 22 fue ofrecer incentivos a la inversión extranjera para promover así desarrollo económico. Según el estudio esta iniciativa ha tenido el impacto de traer dinero fresco para ser invertido en nuestra actividad económica.

Sin que se entienda que queremos debatir ese hallazgo, entendemos que sería lógico pensar que si nuestros inversionistas locales de capital similar tuviesen los mismos beneficios que el inversionista extranjero, los logros del referido estudio serían mayores. Ese precisamente es el propósito de una misiva que le enviamos a la Gobernadora donde solicitamos considere presentar un proyecto de administración para que bajo la ley 22 se ofrezcan las mismas condiciones al inversionista local.

Entendemos que una vez incentivados nuestros inversionistas criollos tendría el efecto de invertirse el capital nativo que hoy permanece de forma pasiva en los bancos del país. Si ampliamos el propósito de la intención legislativa de la ley 22 el efecto podría estimular a la banca para junto al inversionista puertorriqueño crear condiciones donde de forma agresiva se inyecten fondos en nuestro desarrollo económico.

Un ejemplo podría ser que mediante la ley 22, de ser enmendada, el inversionista local de forma exclusiva invierta en el desarrollo de inmobiliaria en los cascos urbanos para rehabilitar y repoblar estos sectores en nuestros municipios. Tal escenario podría provocar que propiedades individuales o en bloques, que hoy están declaradas estorbos públicos sean recicladas en proyectos de nuevos desarrollos de viviendas asequibles. Una vez cobijados nuestros inversionistas locales con la ley 22, junto con decretos municipales, podría ser de gran ayuda en el desarrollo de los cascos urbanos. Así se apoyaría al comercio tradicional lo que sin duda redundaría en mayor actividad económica y la creación de empleos.

Este esfuerzo sin duda comenzaría a hacer justicia a los pequeños y medianos comerciantes de nuestros cascos urbanos que desde los años 90 enfrenta competencias desleales frente las mega tiendas. Cabe destacar que la iniciativa para que el inversionista local invierta bajo las mismas condiciones del inversionista extranjero, tendría un mayor beneficio para el gobierno ya que el capital criollo por definición permanece en nuestro redil; a diferencia del capital ausentita que luego de cumplir con los parámetros de la ley sus ganancias podría sacada del país sin ninguna restricción.

En síntesis, nuestra propuesta tiene el propósito de que se amplíe el mecanismo de la ley 22 ofreciendo los beneficios de ésta ley al inversionista local. De esta manera se crearía un balance que estimularía al inversionista local a invertir sus fondos en un sector rezagado como resulta ser los cascos urbanos del país; y como consecuencia simultáneamente podríamos comenzar a atenderse el problema social del deterioro que enfrentan los municipios en sus cascos urbanos. Nuestra propuesta está en el escritorio de la Gobernadora para su evaluación y actuación. Pero de cara al proceso eleccionario del 2020 las puertas están abiertas para que todos los sectores políticos acojan propuestas como ésta. El momento espera que se ofrezcan a los sectores criollos incentivos que minimicen los riesgos de inversión, igual que se hace con los sectores foráneos. Si comenzamos de forma creativa con la inversión en inmobiliaria en los cascos urbanos, no tengo dudas que el beneficio será para el bien de todos. 

El autor es REALTOR® de Full Service Realty en Caguas. Para comentarios sobre el tema pueden llamar a los 787-613-4002 y 787-404-7400  o escribir al correo electrónico rober@fsrpr.com .